Aunque se presentó una disminución de amenazas contra líderes sociales sigue siendo uno de los puntos más preocupantes para los magdalenenses. Por eso, durante el 2025, el ODEC lanzó una alerta para proteger la vida de las víctimas.
La alerta se emite con base en hechos de violencia recientes y en la circulación de panfletos amenazantes, presuntamente firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo. En estos panfletos se declara objetivo militar a varias personas y se imponen medidas de control social sobre la población. Entre dichas medidas, se amenaza directamente a un listado de personas acusadas por el grupo armado de estar vinculadas con actividades como microtráfico, hurto a residencias o abigeato. Además, se incluyen advertencias generales a la población, como la prohibición de circular después de las 10 de la noche, lo que ha afectado gravemente la tranquilidad tanto en la zona urbana como en la rural, atentando contra los derechos fundamentales a la vida, la movilidad y la seguridad personal.
De acuerdo con la información recibida y documentada por el ODEC, los panfletos emitidos por el grupo armado contendrían disposiciones que prohíben el levantamiento de cuerpos de personas víctimas de homicidio, incluso por parte de la fuerza pública. En consecuencia, dicha acción quedaría supeditada a los familiares de las víctimas, quienes presuntamente han tenido que solicitar autorización previa al grupo armado para proceder con la recuperación del cuerpo. Adicionalmente, el riesgo se extiende a los municipios de Algarrobo y Nueva Granada, donde el 29 de junio y el 2 de julio fueron capturados individuos que se movilizaban en motocicleta portando municiones de alto calibre y panfletos amenazantes alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), listos para ser distribuidos.
Ante esta situación se reportan estos hechos concretos:
Durante el mes de agosto de 2025 se mantiene y profundiza el patrón documentado en julio, con evidencias de persistente control armado en zonas rurales de Pivijay, Plato y Sabanas de San Ángel. En estas áreas se registran presuntas restricciones a la presencia de autoridades judiciales y de policía, lo que obliga a que el levantamiento de cuerpos sea realizado por familiares o miembros de la comunidad en condiciones inadecuadas. A esto se suma la continuidad de amenazas y la imposición de normas de comportamiento por parte de estructuras armadas ilegales, configurando un escenario de control social. De acuerdo con la información procesada por el ODEC, en agosto se han identificado cuatro víctimas cuyos familiares se enteraron del crimen a través de imágenes difundidas en redes sociales.
Ante la ausencia de presencia institucional, los mismos familiares tuvieron que realizar el levantamiento y transporte de los cuerpos. El 3 de agosto en la vereda Las Canoas (Pivijay) dos hombres de Plato, dedicados al comercio de alevinos y previamente extorsionados, fueron citados por actores armados ilegales, asesinados y abandonados en la vía pública. El 20 de agosto se hallaron los cuerpos de los hermanastros Henrique Fontalvo y Juan Manuel Cantillo, desaparecidos desde el sábado anterior tras asistir a las fiestas patronales de Monterrubio (Sabanas de San Ángel). Los jóvenes, encontrados con impactos de bala y signos de tortura, estaban a un costado de la vía que comunica Piñuela con Fundación. Un tercer joven, amigo de las víctimas, apareció también asesinado en la zona de Los Manguitos (Fundación). Testigos afirmaron que horas antes habían estado involucrados en una riña; sin embargo, fuentes locales señalan que este último había sido previamente advertido por un grupo armado de no regresar al pueblo, lo que pudo motivar los homicidios.