El pasado 9 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) (conocidas también como “Los Pachenca”) fueron reconocidas oficialmente como un Grupo Armado Organizado (GAO) por directriz presidencial. La decisión, que fue adoptada en el Consejo de Seguridad Nacional, no se limita a un simple cambio de denominación sino que constituye un hito en la historia del conflicto que atraviesa esta región del país y trae consigo importantes implicaciones tanto jurídicas, como políticas y sociales.
Aunque la denominación como ACSN viene desde 2019, la génesis del grupo se remonta a los años posteriores a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras este proceso, varias estructuras que operaban en Magdalena y La Guajira mantuvieron sus bases, fragmentándose y reorganizándose hasta asentarse en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En este sentido, las ACSN lograron ser el grupo más consolidado en la región ejerciendo una gobernanza armada que tiene como centro de operaciones La Sierra Nevada de Santa Marta y extendiendo su presencia a los municipios colindantes del Magdalena, La Guajira y Cesar; el mayor registro de presencia a nivel departamental se encuentra en Magdalena en donde hacen presencia en 9 municipios: Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Puebloviejo, El Retén, Zona Bananera, Algarrobo, Sabanas de San Ángel y Santana
Desde 2020, el grupo ha logrado consolidarse como una organización con control territorial en corredores estratégicos del narcotráfico, disputando militarmente al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y emprendiendo acciones armadas que afectan directamente a la población civil.
Antes de este reconocimiento, el Estado colombiano catalogaba a las ACSN como un Grupo Delincuencial Organizado (GDO). Sin embargo, el nuevo estatus como GAO implica un tratamiento distinto bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según la Directiva Permanente No. 015 de 2016 del Ministerio de Defensa, los GAO son perseguidos tanto por la Policía como por las Fuerzas Armadas, habilitando el uso de la fuerza con mayor amplitud legal. Asimismo, se reconoce a la agrupación como parte del conflicto armado interno en Colombia, al contar con capacidad de mando, organización y permanencia suficiente para sostener operaciones armadas. Esto activa la aplicación del DIH, cuyo propósito central es limitar los efectos de la guerra y proteger a la población civil.
Las consecuencias de esta recategorización van en al menos tres vías. Primero, desde lo militar, el Estado tiene la capacidad de desplegar toda su fuerza dentro del marco de operatividad y amparo legal del Derecho Internacional Humanitario, pues se ha reconocido la existencia de un conflicto armado para el que rigen las prescripciones normativas del derecho de la guerra. Segundo, desde lo jurídico, los miembros de las ACSN quedan expuestos a procesos judiciales que trascienden los delitos comunes, ahora son sujeto de investigación por la comisión de crímenes de guerra, por graves violaciones a los derechos humanos de la titularidad de la población civil, y la infracción a las normas que regulan las hostilidades.
Finalmente, esta decisión pone de nuevo sobre la mesa un dilema político relacionado con el lugar de las ACSN en la política de Paz Total. El gobierno ha intentado acercamientos con el grupo desde 2022, incluyendo un cese al fuego bilateral y la creación de un espacio de conversación sociojurídico en 2024, no obstante, los avances han sido limitados. Ahora, con la recategorización de la organización podría abrirse nuevamente una ventana de oportunidad para fortalecer el escenario de diálogo con el Gobierno Nacional, particularmente, considerando los incentivos diferenciados para GAO propuestos en el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia actualmente en trámite en el Congreso.
En este contexto, otro debate pendiente está relacionado con la insistencia de las ACSN por ser reconocidas como como un GAO con orientación política que busca un lugar en la mesa de negociación. No obstante, el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación han sostenido que su carácter es estrictamente criminal y, por lo tanto, no deben gozar de legitimidad política, por lo tanto su camino es el del sometimiento a la justicia.
En el fondo, lo que revela este reconocimiento es la persistencia de un conflicto que se recicla y se transforma. Las ACSN un grupo sucesor y heredero del Frente Resistencia Tayrona de las AUC ha logrado el control social, económico y territorial, imponiendo miedo a las comunidades a través de homicidios, amenazas, extorsiones y confinamientos. El anuncio del 9 de agosto no es solo un hecho político, también es una señal de alerta sobre la continua mutación de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores. Ante ello, el Gobierno avanza en una deuda de hace años por reconocer a este grupo, permitiéndose adoptar mecanismos mucho más amplios tanto para combatirlos militarmente, como para dialogar en el marco de la política de Paz Total.